Caso Camelot - PP

El caso Camelot es un escándalo de corrupción urbanística en la Región de Murcia que afectó principalmente al Ayuntamiento de Torre Pacheco, gobernado por el Partido Popular. El caso surgió en 2008 con la detención del alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid (PP), por su presunta implicación en una trama de favores urbanísticos a la promotora inmobiliaria Polaris World, empresa cuyo fundador, Facundo Armero, había sido cliente personal del propio García Madrid antes de que este accediera a la alcaldía en 2003. También resultó imputada la alcaldesa de Fuente Álamo, María Antonia Conesa (PP), por delitos de cohecho vinculados al mismo entramado. El juez ordenó prisión provisional para el alcalde de Torre Pacheco, generando un fuerte impacto político en el PP murciano.

La investigación reveló dos tramas diferenciadas. La primera, relacionada con la permuta de terrenos entre el Ayuntamiento de Torre Pacheco y Polaris World: García Madrid aprobó en 2007 un intercambio de suelo que perjudicó los intereses municipales entre 3 y 5 millones de euros, al ceder también al municipio una zona verde que no cumplía la superficie mínima legal, todo ello a cambio de un trato de favor a la promotora. La segunda trama, que dio lugar a una condena separada, consistió en la adjudicación verbal y directa, sin expediente administrativo ni concurso público, de más de 500.000 euros en contratos de obras a empresas afines, en perjuicio de los principios básicos de contratación pública.

Las sentencias judiciales se sucedieron durante años. La Audiencia Provincial de Murcia condenó en 2014 a García Madrid a 10 años de inhabilitación por prevaricación continuada, y en 2018 a 5 años adicionales de inhabilitación por un caso distinto de prevaricación. En 2020, una nueva condena lo inhabilitó por la adjudicación irregular de contratos, ratificada por el Tribunal Supremo en 2022 con la calificación de conducta "ilegal, burda y grosera". Por su parte, María Antonia Conesa fue condenada a 18 meses de prisión y más de 4 años de inhabilitación por cohecho. El caso puso de manifiesto un patrón sistemático de corrupción en la gestión municipal del PP en la Región de Murcia.