Caballo de Troya - PP

La Operación Caballo de Troya fue una investigación conjunta de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria que desmanteló en febrero de 2013 una organización dedicada al alzamiento de bienes, la insolvencia punible y el blanqueo de capitales. El punto de partida fue la venta del Gran Hotel de Santiago de Compostela por el precio simbólico de dos euros, que alertó a los investigadores sobre la existencia de una trama empresarial organizada y jerarquizada que operaba desde hacía años en varias comunidades autónomas. La operación se saldó con 15 detenidos y 17 registros en Valencia, Madrid, Ponferrada (León) y Coirós (A Coruña), además de la intervención de 440.000 euros en efectivo y el bloqueo de más de 400 inmuebles y 80 vehículos.

El modus operandi de la organización consistía en adquirir empresas con graves problemas económicos a precios irrisorios —como Teconsa, constructora vinculada a la trama Gürtel del PP, o los hoteles de la cadena Gran Hotel en Galicia— para posteriormente solicitar el concurso de acreedores. Los nuevos administradores, en connivencia con los antiguos propietarios, adoptaban decisiones tendentes a descapitalizar los activos de las empresas y evitar así que pudieran destinarse a satisfacer las deudas contraídas con los acreedores. El principal ejecutor de este esquema fue el empresario Ángel de Cabo, que ya estaba en prisión preventiva por la operación Crucero junto al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán. Entre los detenidos figuraban los hijos del empresario leonés José Martínez Núñez —José Luis Martínez Parra y Maribel Martínez Parra— y Alberto Cuevas Tapia, hijo del expresidente de la CEOE José María Cuevas. La conexión con la trama Gürtel se evidenció por la participación de Teconsa, constructora que había ejecutado obras adjudicadas irregularmente al entramado de Francisco Correa.

El caso fue instruido por el juez José Antonio Vázquez Taín del Juzgado de Instrucción nº 2 de Santiago de Compostela. Años después del estallido judicial, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, celebró el macrojuicio con 14 acusados —a quienes se pedían penas de entre 4 y 12 años de prisión— y cuya sentencia tardó en conocerse. El caso tuvo también una dimensión política relevante al revelarse que la Xunta de Galicia, gobernada por el PP, había subvencionado con 30.000 euros a través de un programa turístico uno de los hoteles que Ángel de Cabo había adquirido por dos euros.