Caso Bragasgate - PP

El Caso Bragasgate, también conocido como "Caso Facturas", se destapó en la segunda quincena de julio de 2010 cuando varios medios de comunicación recibieron un sobre anónimo con un informe del interventor municipal de Santa Cruz de Tenerife de 2007. Este informe evaluaba la aportación municipal al PP y la justificación de gastos durante la legislatura 2003-2007, cuando el partido gobernó en coalición con Coalición Canaria. El documento revelaba que los cinco concejales del PP, liderados por Cristina Tavío, habían presentado facturas por casi 160.000 euros que incluían gastos personales como circuitos termales, joyas, bebidas alcohólicas, ropa interior (bragas de Benetton por 33,80 euros que dieron nombre al escándalo), gafas de sol, camisas, calcetines, corbatas de Massimo Dutti, zapatos, gemelos y carteras de piel.

El informe del interventor determinó que de los 153.138,17 euros justificados con facturas, 122.305,67 euros no estaban a nombre del partido y otros 19.134,44 euros correspondían a actividades "no apropiadas" para un grupo municipal. Los cinco concejales del PP recibieron un total de 640.000 euros del Ayuntamiento entre 2003 y 2007, dinero que debía estar destinado a su actividad pública como representantes municipales. Ante el escándalo, Cristina Tavío y el secretario general del PP canario, Manuel Fernández, reconocieron públicamente que los concejales habían utilizado facturas personales para justificar gastos que en realidad se destinaban a financiar al partido, admitiendo que fue un "subterfugio" para eludir la Ley de Financiación de Partidos.

El colectivo de abogados Justicia y Sociedad presentó una denuncia contra Cristina Tavío y el PP de Santa Cruz por presunta financiación ilegal y falsificación documental. Sin embargo, en agosto de 2011, la Fiscalía Anticorrupción archivó la denuncia al no encontrar pruebas suficientes de actividad delictiva. El caso, pese a su repercusión mediática y política, quedó cerrado sin consecuencias penales para los implicados, aunque generó un importante desgaste para el PP canario y alimentó el debate sobre la opacidad en la financiación de los partidos políticos en España.