Caso Bomsai - PP
Descripción del caso
El caso Bomsai —cuyo nombre proviene del acrónimo de Bombers, Salut i Illes (Bomberos, Salud e Islas), los edificios públicos implicados— es una operación policial contra una presunta red de corrupción en la empresa pública CAIB Patrimoni S.A. durante el Govern del PP de Jaume Matas (2003-2007) en las Islas Baleares. Se investigó si a través de dicha sociedad se cometió un delito de malversación al contratar a la empresa Atlas Capital Close Brothers SL mediante un procedimiento negociado sin publicidad, inicialmente por 30.000 euros, para asistencia técnica en la construcción del nuevo parque de bomberos de Palma y las sedes de las consellerías de Salut y Medio Ambiente. La empresa Atlas acabó facturando aproximadamente 600.000 euros por los mismos servicios, y el presidente del consejo de administración de CAIB Patrimoni incluyó cláusulas contractuales que obligaban al contratista ganador a abonar un porcentaje de las obras a Atlas Capital.
La investigación, instruida inicialmente por la jueza Margalida Bosch y posteriormente continuada por otros magistrados en el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Palma, se extendió hasta abarcar 19 imputados entre exaltos cargos del Govern Matas, empresarios y directivos de la empresa pública. Entre los detenidos e imputados figuraron el exconseller de Economía Lluís Ramis d'Ayreflor, los exdirectores generales Jorge Sainz de Baranda (Hacienda) y Joan Pol (Emergencias), el exgerente de CAIB Patrimoni Jaume Vidal, el constructor Miquel Llabrés Feliu, y los empresarios de Atlas Capital Jaume Fluxà y Raúl Julián, además del expresident Gabriel Cañellas, que declaró como imputado en abril de 2010. Las acusaciones incluían delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.
Tras siete años de instrucción, la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía de la Comunitat Autónoma solicitaron conjuntamente el archivo de la causa en febrero de 2017, al concluir que no se había producido un perjuicio económico efectivo a la Administración, aunque reconociendo que existieron irregularidades en la tramitación de los contratos. Siguiendo el principio acusatorio, el juez Juan Manuel Sobrino del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Palma decretó el sobreseimiento provisional del caso, con lo que los 19 imputados quedaron sin cargos. El caso Bomsai ilustra las prácticas irregulares en la adjudicación de contratos públicos bajo el gobierno balear del PP en la época de Matas, aunque la falta de acusación formal impidió que llegara a juicio oral.
Resumen
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