Caso Barreiros - PP

El caso Barreiros documentó uno de los episodios más descarados de especulación urbanística amparada por el poder municipal del PP en la España de la burbuja inmobiliaria. Alfonso Fuente Parga, alcalde del Partido Popular en el pequeño municipio costero de Barreiros (Lugo), con apenas 3.200 habitantes, autorizó en el año 2006 un total de 2.966 nuevas viviendas en terrenos sin servicios urbanos. Solo el 5 de septiembre de 2006, en un solo día, la junta de gobierno local firmó licencias para 616 viviendas. El objetivo declarado del alcalde era convertir Barreiros en el "Sanxenxo del norte", una segunda residencia de lujo en la costa lucense, pese a que el municipio carecía de infraestructuras básicas de agua y saneamiento para semejante densificación. Fincas que valían tres euros el metro cuadrado se convirtieron en solares de hasta 600 euros, generando una burbuja especulativa de proporciones escandalosas en proporción al tamaño del municipio.

La Xunta de Galicia, gobernada entonces por el bipartito PSdeG-BNG, advirtió expresamente al ayuntamiento en marzo de 2006 que la ley prohibía conceder licencias en suelo no urbanizable a municipios sin plan urbanístico actualizado. A pesar de esta advertencia formal, el gobierno municipal de Fuente Parga siguió concediendo 45 licencias más en los meses siguientes. La arquitecta municipal Marta Geada Arca firmó los informes técnicos que avalaban las concesiones. En 2010, un promotor entregó a la Fiscalía de Lugo documentos y grabaciones que implicaban a la secretaria municipal en posibles irregularidades adicionales. En 2011, la Fiscalía solicitó al juzgado que investigara el patrimonio de la arquitecta municipal. En 2012, la causa fue inicialmente archivada, pero la acusación particular recurrió y logró reabrirla. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia dictaminó que los permisos resultaron ser irregulares y causaron daños urbanísticos irreversibles en el litoral lucense.

En 2015, cuando se decretó la apertura de juicio oral, Alfonso Fuente y dos de los concejales implicados —José Manuel Gómez Puente y Lorenzo Penabad— causaron baja en el Partido Popular, lo que fue interpretado como un intento de eludir el código ético del partido que les impediría concurrir a elecciones. El juicio oral se celebró finalmente en noviembre y diciembre de 2018 ante el Juzgado de lo Penal número 2 de Lugo. El fiscal solicitó dos años de cárcel y diez de inhabilitación para cada acusado por prevaricación urbanística. El 8 de febrero de 2019, el juez absolvió al alcalde, a los cinco concejales y a la arquitecta municipal, argumentando que no había quedado acreditado que la actuación estuviese "desprovista de toda interpretación razonable del ordenamiento jurídico", aunque reconoció la existencia de "ciertas dudas" sobre la legalidad plena de las licencias. De las casi 3.000 viviendas aprobadas, solo 1.329 llegaron a terminarse; 587 quedaron inconclusas cuando estalló la crisis financiera y las promotoras quebraron.