Caso Barraca - PP

El caso Barraca es una trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Murcia que investiga cómo el jefe del Servicio de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo, Joaquín Peñalver Motas, presuntamente se enriqueció junto a su entorno familiar haciendo negocios con promotores inmobiliarios mientras ejercía funciones públicas. La Fiscalía denuncia que Peñalver utilizó a su esposa, Sandra de la Puente Vázquez, como persona interpuesta en dos empresas (Urbasa Mediterránea SA y Peñalver Arquitectos y Asociados SL) para controlar la actividad urbanística de la región y obtener beneficios económicos ilícitos.

Entre 2004 y 2007, cuando Joaquín Peñalver ocupaba su cargo como jefe de Planeamiento, su entorno familiar recibió de promotores inmobiliarios 4,17 millones de euros, según datos de la Agencia Tributaria. El estudio de arquitectos de la familia ingresó estas cantidades en seis planes parciales del municipio. La Fiscalía sostiene que "Urbasa Mediterránea se constituye en una especie de conseguidor, mediando a cambio de sustanciosas cantidades de dinero entre las empresas inmobiliarias y el departamento que dirigía el señor Peñalver". Los funcionarios de la Gerencia de Urbanismo denominaban sarcásticamente "los naranjitos" a los proyectos de Peñalver Arquitectos por el color de sus carátulas, debido al alto volumen de expedientes que presentaban.

El caso, abierto desde marzo de 2007, afecta a una veintena de investigados y será juzgado por un tribunal con jurado popular. Tras 18 años de instrucción y pese a transformarse el procedimiento en 2022, el juicio sigue sin fecha definida, convirtiéndose en uno de los múltiples casos de corrupción en Murcia que sufren graves dilaciones judiciales. El procedimiento cuenta con más de 1.800 acontecimientos procesales en formato electrónico y cerca de 13.000 folios documentales, incluyendo abundante documentación fiscal, notarial, bancaria, normativa urbanística e informes policiales de la UDEF.