Caso Baltar - PP
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Descripción del caso
El caso Baltar destapó la trama de corrupción y caciquismo que durante más de tres décadas dominó la Diputación de Ourense bajo el control de la familia Baltar. José Luis Baltar Pumar, presidente de la institución provincial entre 1990 y 2012, estableció un sistema de nepotismo, compra de plazas públicas y tráfico de influencias que posteriormente heredó su hijo José Manuel Baltar Blanco. La investigación judicial más relevante se centró en la contratación irregular de 104 personas en apenas tres meses durante el primer trimestre de 2010, justo antes del congreso del PP donde su hijo le sucedería en el cargo.
El caso evidenció cómo las plazas de funcionario en la Diputación de Ourense se vendían a cambio de dinero en efectivo y bienes de lujo. Entre los pagos documentados se encuentran cantidades que oscilaban entre 12.000 y 50.000 euros por cada plaza. El caso más emblemático fue la entrega de un Rolls-Royce valorado en 42.000 euros (7 millones de pesetas) a José Luis Baltar a cambio de una plaza de funcionaria para la hija de un empresario. Las contrataciones se realizaron mediante decretos firmados personalmente por Baltar sin cumplir con los principios básicos de publicidad, igualdad, mérito y capacidad que rigen cualquier contratación pública, favoreciendo mayoritariamente a afiliados del Partido Popular.
En julio de 2014, el Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense condenó a José Luis Baltar a nueve años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación. La sentencia fue confirmada en marzo de 2015 por la Audiencia Provincial de Ourense, aunque tuvo escaso efecto práctico dado que Baltar ya estaba jubilado. El caso se reactivó en mayo de 2023 cuando el periódico Público publicó audios y mensajes de WhatsApp en los que José Luis Baltar Blanco, hermano del entonces presidente de la Diputación Manuel Baltar, hablaba abiertamente sobre "mordidas", comisiones en obras públicas y financiación ilegal del PP a través de empresas contratistas. Los audios revelaron que el sistema corrupto continuó bajo la presidencia de Manuel Baltar, quien finalmente renunció a su cargo en junio de 2023 tras ser denunciado por conducir un vehículo oficial a 215 km/h. En enero de 2025, el Tribunal Supremo condenó a Manuel Baltar por delito contra la seguridad vial a una multa de 1.800 euros y un año de retirada del carnet de conducir.