Caso Avialsa - PP

El caso Avialsa, también conocido como el "cártel del fuego", es uno de los mayores escándalos de corrupción en la contratación pública de servicios de extinción de incendios forestales en España. La trama afectó durante más de dos décadas a múltiples comunidades autónomas, incluyendo Valencia, Andalucía, Baleares, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Canarias, Cataluña y Aragón, así como a países como Portugal, Italia y Chile.

El núcleo del caso se centra en Avialsa T-35, empresa adjudicataria del contrato de extinción aérea de incendios forestales en la Comunitat Valenciana durante más de 20 años. En marzo de 2010, Serafín Castellano, conseller de Gobernación de la Generalitat Valenciana bajo gobierno del PP, firmó la adjudicación del servicio a Avialsa —valorado en más de 33 millones de euros— pese a que la empresa empleaba aviones obsoletos con historial de accidentes mortales. A cambio, según la acusación, Castellano recibió de Vicente Huerta, propietario de Avialsa, cuantiosas dádivas en forma de cacerías, regalos, joyas para su esposa y efectivo.

La investigación policial cifró las dádivas recibidas por Castellano en más de 163.736 euros relacionados con actividades de caza, además de regalos como rifles y joyas. El exdiputado provincial Francisco Huguet declaró que Castellano solicitó 5.000 euros en efectivo para financiar una cacería. También se documentó la evasión de capitales a Luxemburgo por parte de socios de la trama.

La investigación reveló que el esquema iba mucho más allá de Valencia: aproximadamente 14 empresas del sector de extinción aérea de incendios amañaron concursos públicos en España y otros países, obteniendo más de 277 millones de euros de forma fraudulenta. Fernando Alandí, exgerente de Avialsa, actuó como colaborador clave de la Fiscalía Anticorrupción y aportó información sobre pagos sistemáticos de comisiones a cargos públicos en varias comunidades autónomas desde finales de los años 1990.

El caso fue destapado el 4 de agosto de 2013 por el diario Levante-EMV, que publicó que Castellano compartía jornadas de caza con el director general de Avialsa, empresa a la que acababa de adjudicar el contrato de extinción de incendios. Tras más de una década de instrucción, Serafín Castellano fue juzgado en la Audiencia Nacional entre el 23 de septiembre y el 20 de noviembre de 2024, siendo condenado a un año y nueve meses de prisión por cohecho, prevaricación y malversación.