Caso Auditorio Puerto Lumbreras - PP

El Caso Auditorio de Puerto Lumbreras (Murcia) es un escándalo de corrupción urbanística y administrativa vinculado al PP que gira en torno a la construcción del Teatro Auditorio de esa localidad murciana. En 2006, Pedro Antonio Sánchez, entonces alcalde de Puerto Lumbreras y posteriormente presidente de la Región de Murcia, encargó verbalmente al arquitecto Martín Lejarraga la redacción de un anteproyecto para solicitar una subvención al gobierno regional, presidido por Ramón Luis Valcárcel, sin previo expediente de contratación ni procedimiento administrativo alguno. El proyecto fue presupuestado en 6 millones de euros, financiados íntegramente mediante subvención de la Comunidad Autónoma.

Las irregularidades se acumularon desde el inicio: el encargo al arquitecto fue meramente verbal, sin soporte documental; el concurso público celebrado posteriormente fue presuntamente amañado para garantizar que el estudio de Lejarraga resultara adjudicatario; y el presupuesto ejecutado superó en 340.000 euros el precio del concurso. Cuando el arquitecto detectó la inviabilidad técnica y económica del proyecto en su concepción original, el alcalde Sánchez, la secretaria municipal accidental Caridad García y el propio Lejarraga acordaron redactar un proyecto modificado que permitiera justificar ante la Comunidad Autónoma la inversión de la subvención e impedir su reintegro, aun a sabiendas de que ello supondría dejar la obra sin terminar. Las obras fueron recepcionadas en 2011 con el 38% del complejo sin construir, particularmente el propio auditorio y un tramo de pérgola.

En 2012, el Ayuntamiento liquidó la deuda pendiente con las empresas contratistas a través del Plan de Pago a Proveedores, lo que generó sospechas de pago duplicado al haberse ya percibido la subvención regional. La instrucción judicial, iniciada en el Juzgado de Lorca y posteriormente asumida por la Audiencia Provincial de Murcia, culminó el 6 de marzo de 2023 con la condena de Pedro Antonio Sánchez a 3 años de prisión, multa de 3.600 euros y 17 años y 3 meses de inhabilitación para cargo público, por dos delitos de prevaricación, el primero continuado en concurso con falsedad documental. La secretaria accidental y el arquitecto fueron condenados como cooperadores necesarios. El Tribunal de Cuentas archivó en 2024 la denuncia contable al concluir que la totalidad de la subvención fue invertida en la obra.