Auditori Paterna - PP

El caso Auditori de Paterna es un escándalo de prevaricación administrativa protagonizado por Lorenzo Agustí Pons, alcalde de Paterna por el PP entre 2007 y 2014. En 2009, Agustí adjudicó de forma verbal y directa la redacción de los proyectos básicos y de ejecución del centro musical Auditori Antonio Cabeza a la empresa Estudio de Arquitectura de Paterna, SLP, por un importe de 529.506,19 euros IVA incluido, sin convocar concurso público ni seguir ningún procedimiento administrativo legalmente exigible. La relación entre el ex alcalde y la empresa beneficiada fue considerada probada por los tribunales, ya que ambos habían coincidido en proyectos profesionales previos.

El mecanismo empleado fue la instrumentalización de SUMPA (Sociedad Urbanística Municipal de Paterna), empresa pública municipal de la que Agustí era presidente del consejo de administración. Aunque en abril de 2008 SUMPA había celebrado un concurso restringido de ideas para el Auditori, del que resultó ganadora la misma empresa arquitectónica, el ex alcalde utilizó esa victoria como justificación para encargar directamente la redacción del proyecto ejecutivo sin someterlo a ningún proceso de licitación. En enero de 2009 dictó un decreto ordenando a SUMPA que realizara los trámites necesarios, y en marzo esa misma empresa pública firmó el contrato por importe de más de medio millón de euros, sin negociación de precio ni publicación de la oferta. La sentencia judicial determinó la total ausencia de expediente administrativo y la inobservancia de los trámites legalmente exigibles.

El PSOE de Paterna denunció los hechos ante la Fiscalía Provincial de Valencia, lo que inició el procedimiento judicial. En diciembre de 2013, Agustí declaró como imputado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Paterna. El juicio oral se celebró en julio de 2016 y, el 12 de agosto de ese año, el Juzgado de lo Penal número 17 de Valencia lo condenó a 7 años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo o empleo público por un delito de prevaricación administrativa. La Audiencia Provincial de Valencia desestimó el recurso de apelación y confirmó íntegramente la condena el 4 de septiembre de 2017, poniendo fin definitivo al caso.