Caso Arquitecto - PP

El caso Arquitecto es un escándalo de presunta prevaricación administrativa en Melilla originado en agosto de 2006, cuando Miguel Marín Cobos, consejero de Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma por el Partido Popular, firmó un contrato de trabajo como arquitecto superior interino a tiempo completo con Iván Reyes. El contrato estaba vinculado a la baja médica del funcionario titular de la plaza, Juan José Baeza, y debía extinguirse con la reincorporación de este. Sin embargo, cuando Baeza volvió a su puesto el 31 de mayo de 2007, el arquitecto interino continuó trabajando de forma irregular durante semanas. Cuando se extinguió finalmente el primer contrato, al día siguiente, el 1 de agosto de 2007, Marín volvió a contratar a Iván Reyes para cubrir la jubilación de otro funcionario, esta vez con condiciones laborales más beneficiosas. El Colegio Oficial de Arquitectos de Melilla (COACAM) denunció la contratación, señalando que el propio consejero de Fomento, Rafael Marín, les había reconocido que la contratación de Reyes respondía a una petición personal de un viceconsejero amigo del padre del arquitecto.

La Fiscalía de Melilla acusó a Miguel Marín de haber incumplido la normativa de la Ciudad Autónoma entre agosto de 2006 y julio de 2017 con el único fin de mantener el puesto de trabajo de un arquitecto contratado de forma temporal e irregular. Las acusaciones populares fueron sostenidas por el sindicato Manos Limpias, la Coalición por Melilla (CpM) y el exsecretario general del PSOE local, Dionisio Muñoz. En 2016, el COACAM, con una nueva Junta de Gobierno, decidió por unanimidad retirar su acusación al considerar que la demanda penal no defendía los intereses generales de la profesión. El caso arrastró más de diez años de denuncias, sentencias en distintas jurisdicciones —laboral y penal— recursos y apelaciones, con un Auto de la Audiencia Provincial de Málaga como referencia intermedia. El Consejo de Estado emitió un dictamen en el que reconoció la validez del contrato inicial pero recomendó convocar un proceso selectivo abierto para cubrir la plaza en propiedad.

El juicio oral se celebró los días 15 y 23 de febrero de 2018 en el Juzgado de lo Penal número 1 de Melilla. El 20 de abril de 2018 se dictó sentencia absolutoria a favor de Miguel Marín. El juez determinó que "ningún hecho de trascendencia delictiva ha quedado acreditado" y que era "imposible afirmar que la contratación sea contraria a derecho". La resolución consideró que, incluso si existiera alguna irregularidad, esta no alcanzaba el nivel de "evidente, patente, flagrante y clamorosa" que exige el delito de prevaricación administrativa. La absolución se respaldó en que otras jurisdicciones, tanto social como penal, ya habían validado la actuación de Marín, y en el propio dictamen del Consejo de Estado. El caso quedó archivado sin condena alguna.