Aplauso - PP

La Operación Aplauso es un caso de presunta prevaricación urbanística e irregularidades en la gestión del patrimonio público municipal ocurrido en Gandía (Comunidad Valenciana) durante el mandato del alcalde popular Arturo Torró. La operación se centra en la compra del complejo de ocio Gandia Palace, propiedad de la empresa Vipei SA, realizada el 16 de enero de 2012 a través de la empresa municipal Iniciatives Públiques de Gandía (IPG) por un importe de 6,7 millones de euros. La decisión se tomó sin respetar los preceptivos informes de legalidad y sin seguir los procedimientos legales de contratación pública, lo que motivó la apertura de diligencias penales por el Juzgado nº 1 de Gandía.

El mecanismo utilizado pretendía, de manera encubierta, condonar una deuda de 1,3 millones de euros que Vipei SA mantenía con el Ayuntamiento en concepto de impuesto de bienes inmuebles (IBI). En lugar de reclamar judicialmente ese impago, el exalcalde Torró y el exconcejal y vicepresidente de IPG, Javier Reig, firmaron la adquisición del complejo, integrando la deuda en el precio de compra y reduciendo el coste final a 5,4 millones de euros. El contrato incluía la cesión de las instalaciones —salas de cine CineBox, bolera y otros locales— al propio vendedor, Vipei SA, con objeto de sufragar el coste mediante los alquileres percibidos. Sin embargo, el complejo fue abandonado en septiembre de 2014 dejando las instalaciones destruidas: parqués arrancados, cableado eléctrico cortado, pantallas de cine dañadas y equipos sustraídos.

El Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Valencia declaró en diciembre de 2015 que la compraventa había sido válida y ejecutada, lo que obligó al Ayuntamiento de Gandía a afrontar el pago. El coste total para las arcas públicas se estimó en aproximadamente 7,2 millones de euros, incluyendo la deuda principal y el IBI condonado irregularmente. En mayo de 2017, el gobierno municipal alcanzó un acuerdo extrajudicial con Vipei SA por el que el Ayuntamiento quedó exonerado del pago de 5,36 millones de euros —una quita del 33%— a cambio de restituir el inmueble a su propietario. No obstante, no fue posible recuperar el 1,3 millones de euros en impuestos condonados ni 600.000 euros en impuestos de transmisión patrimonial por la falta de inscripción registral. Tanto Arturo Torró como Javier Reig fueron investigados por prevaricación, pero la causa fue sobreseída provisionalmente por el Juzgado nº 1 de Gandía al no apreciarse indicios suficientes de delito.