Caso Ambulancias - PP

Iniciado: Enero de 2016

Madrid, Comunidad de Madrid

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Descripción del caso

El Caso Ambulancias es una investigación judicial en la Comunidad de Madrid que involucra a altos cargos de la Consejería de Sanidad acusados de presionar a la empresa Ambulancias Alerta para que renunciara a un contrato público de 72,5 millones de euros que había ganado en licitación. Según la querella presentada por la empresa, el viceconsejero de Sanidad Manuel Molina y otros directivos de la administración sanitaria madrileña ejercieron coacciones y amenazas para forzar la renuncia de la empresa adjudicataria en favor de Ferrovial, que había presentado una oferta cinco millones de euros más cara.

La trama comenzó en enero de 2016, horas después de que se abrieran las ofertas del concurso para el transporte sanitario urgente del SUMMA 112. Ambulancias Alerta había presentado la oferta más económica (72,3 millones), pero altos cargos de Sanidad convocaron urgentemente a los directivos de la empresa para manifestarles su rechazo a adjudicarles el contrato. Durante meses, la administración retuvo el pago de facturas por valor de 2,9 millones de euros como medida de presión, hasta que en mayo de 2016 la empresa cedió y renunció voluntariamente al contrato. Tres semanas después, el contrato fue adjudicado a una filial de Ferrovial. La empresa aportó grabaciones de conversaciones que documentaban las presiones ejercidas por los responsables políticos.

En marzo de 2018, el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid imputó al viceconsejero Manuel Molina y a tres altos cargos de Sanidad por prevaricación administrativa, coacciones y amenazas. Sin embargo, en enero de 2019, la jueza Carmen Rodríguez decretó el sobreseimiento provisional del caso al considerar que no estaba probado que los acusados participaran en el retraso de pagos ni promovieran acciones dilatorias, desmontando así la versión de la empresa querellante.

Resumen

Estado judicial

Desconocido

Coste

72,5 millones de euros

Implicados

Manuel Molina del Pozo

Viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid

César Pascual Cantalapiedra

Director General de Coordinación de Asistencia Sanitaria del SERMAS

Luis Fernández Abad

Secretario General Técnico de la Consejería de Sanidad

Santiago Cortés

Director de Gestión del SUMMA 112 y presidente de la mesa de contratación

Documentos relevantes

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Cronología

Enero de 2016

Apertura de ofertas del concurso del SUMMA 112

La mesa de contratación hace públicas las ofertas presentadas para el transporte sanitario urgente en la Comunidad de Madrid. Ambulancias Alerta presenta la oferta más económica con 72,3 millones de euros, cinco millones menos que la segunda oferta presentada por Safe-Ferrovial (77,3 millones). Horas después de conocerse los resultados, Santiago Cortés, director de Gestión del SUMMA y presidente de la mesa de contratación, convoca urgentemente a los responsables de Ambulancias Alerta a una reunión en la Consejería de Sanidad.

elespanol.com

Enero de 2016

Primera reunión con el viceconsejero Manuel Molina

Los directivos de Ambulancias Alerta se reúnen con el viceconsejero de Sanidad Manuel Molina, quien les manifiesta su rechazo a adjudicarles el contrato a pesar de haber presentado la mejor oferta. Según las grabaciones aportadas posteriormente, Molina y otros altos cargos expresan su preferencia porque la empresa renuncie voluntariamente al concurso. A partir de este momento comienza un proceso de presiones orquestado directamente desde el despacho del viceconsejero.

elespanol.com

Febrero de 2016

Inicio de la retención de pagos a Ambulancias Alerta

La Consejería de Sanidad comienza a retener el pago de las facturas presentadas por Ambulancias Alerta, una medida que se mantendría durante más de dos meses. Esta estrategia de asfixia económica forma parte de la presión ejercida para forzar a la empresa a renunciar al contrato. Durante este período se acumuló una deuda de 2,9 millones de euros, lo que puso en serios aprietos financieros a la compañía.

elespanol.com

infolibre.es

Mayo de 2016

Ambulancias Alerta anuncia su renuncia al contrato

Tras meses de presiones y asfixia económica, los responsables de Ambulancias Alerta comunican a la administración que abandonarán su oferta para el contrato del SUMMA 112. La empresa solicita que la renuncia se presente como una decisión empresarial propia para mantener su reputación frente a la competencia. Dos días después de comunicar esta decisión, la administración procedería al pago de todas las facturas retenidas.

elespanol.com

Mayo de 2016

Pago de las facturas retenidas

La Consejería de Sanidad ordena el pago inmediato del total de las cinco facturas que habían sido retenidas desde febrero, por un importe de 2,9 millones de euros. Este pago se produce exactamente dos días después de que Ambulancias Alerta comunicara oficialmente su decisión de renunciar al contrato, confirmando la relación directa entre la renuncia y el desbloqueo de los pagos adeudados.

elespanol.com

Mayo de 2016

Adjudicación del contrato a Ferrovial

Tres semanas después de la renuncia formal de Ambulancias Alerta, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid formaliza la adjudicación del contrato de transporte sanitario urgente a una filial de Ferrovial. La adjudicación se realiza por un importe de 77,3 millones de euros, cinco millones más caro que la oferta inicial de Ambulancias Alerta, completando así el objetivo perseguido durante los meses de presiones.

elespanol.com

Diciembre de 2017

El Español publica las grabaciones del caso

El periódico El Español hace públicas grabaciones de conversaciones entre los responsables de Ambulancias Alerta y los altos cargos de la Consejería de Sanidad, incluyendo al viceconsejero Manuel Molina. En las grabaciones se documenta cómo los responsables políticos presionaron sistemáticamente a la empresa para que renunciara al contrato adjudicado. La publicación genera un gran impacto mediático y político, evidenciando las prácticas irregulares en la contratación pública sanitaria madrileña.

elespanol.com

Enero de 2018

Admisión a trámite de la querella contra la cúpula de Sanidad

El Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid admite a trámite la querella presentada por Ambulancias Alerta contra el viceconsejero Manuel Molina y otros tres altos cargos de la Consejería de Sanidad. La querella les acusa de prevaricación administrativa, coacciones y amenazas por haber forzado la renuncia de la empresa al contrato que había ganado legalmente. El juez considera que existen indicios suficientes para investigar los hechos denunciados.

elespanol.com

Marzo de 2018

Imputación formal de cuatro altos cargos de Sanidad

El Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid imputa formalmente al viceconsejero Manuel Molina, al director general César Pascual, al secretario general técnico Luis Fernández Abad y al director del SUMMA Santiago Cortés por presunta prevaricación administrativa, coacciones y amenazas. Los cuatro altos cargos son citados a declarar como investigados ante el juez, reconociendo la gravedad de los indicios que apuntan a una trama de presiones institucionales.

elespanol.com

amyts.es

Abril de 2018

Declaración del viceconsejero Manuel Molina como investigado

El viceconsejero de Sanidad Manuel Molina comparece ante el Juzgado de Instrucción número 51 para declarar como investigado. En su declaración, Molina admite que pidió la renuncia de Ambulancias Alerta al contrato, pero argumenta que lo hizo pensando en el bien ciudadano y la calidad del servicio sanitario, negando cualquier tipo de coacción ilegal. Asegura que la empresa no podría cumplir con las condiciones del contrato dada la baja oferta económica presentada.

telemadrid.es

elboletin.com

Enero de 2019

Sobreseimiento provisional del caso por el juzgado

La jueza Carmen Rodríguez del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid decreta el sobreseimiento provisional del caso Ambulancias y archiva las actuaciones contra los cuatro altos cargos investigados. En su auto, la magistrada considera que existen datos objetivos que desmontan la versión aportada por la empresa querellante, concluyendo que no ha quedado probado que los acusados participaran en el retraso de pagos o promovieran acciones dilatorias de forma ilícita. La decisión genera polémica por cuanto las grabaciones aportadas evidenciaban las presiones ejercidas sobre la empresa.

actasanitaria.com