Caso Amat - PP

Gabriel Amat Ayllón, alcalde de Roquetas de Mar (Almería) desde 1995, presidente de la Diputación Provincial y líder del PP almeriense, fue objeto de múltiples investigaciones judiciales por presunta corrupción urbanística, prevaricación, tráfico de influencias y fraude en la adjudicación de contratos públicos. El caso engloba varias piezas separadas, entre las que destacan el caso Hispano Almería, el caso Palmeras y el caso Fabriquilla, todas relacionadas con la concesión irregular de contratos y licencias urbanísticas en beneficio de empresas vinculadas a su entorno familiar.

La investigación central, bautizada como caso Hispano Almería, se inició en octubre de 2013 cuando la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT) presentó aproximadamente 10.000 documentos ante la Fiscalía denunciando la existencia de una trama de cobro de comisiones ilegales en varios municipios almerienses gobernados por el PP. Según un informe policial, el Ayuntamiento de Roquetas cometió irregularidades en la adjudicación de 62 obras a la constructora Hispano Almería, que entre 2000 y 2010 ejecutó proyectos valorados en más de 77 millones de euros. En el caso Palmeras, la Fiscalía denunció a Amat en septiembre de 2016 por adjudicar a empresas de su yerno, José Zapata, contratos municipales por valor de 1,2 millones de euros, apreciando indicios de prevaricación, tráfico de influencias y fraude. Un informe de la UCO de la Guardia Civil identificó hasta 103 sociedades del entorno familiar de Amat que habrían obtenido beneficios como consecuencia de decisiones urbanísticas cuestionables tomadas desde el Ayuntamiento.

Tras más de doce años de instrucción, el Juzgado de Instrucción número 3 de Almería acordó en enero de 2026 el sobreseimiento provisional y el archivo de la pieza principal del caso Hispano Almería al no apreciar indicios suficientes de delito. El PSOE recurrió dicho archivo aportando nuevas evidencias procedentes de la investigación por la denominada trama de las mascarillas. Pese a las múltiples investigaciones, Gabriel Amat nunca llegó a ser formalmente imputado en la pieza principal del caso y continuó ejerciendo cargos públicos durante toda la instrucción.