Caso Alhama de Granada - PP

El Caso Alhama de Granada se refiere a la investigación abierta por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Loja (Granada) a raíz de una denuncia de la Fiscalía de Granada contra el alcalde, Jesús Ubiña Olmos (PP), y el entonces concejal de Urbanismo, Pablo Ariza Rojo (PP). Se les atribuían presuntamente delitos de prevaricación urbanística, contra la ordenación del territorio y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. Ambos ediles compartían un estudio de arquitectura y, según la denuncia, habrían dado cobertura legal a construcciones vinculadas a proyectos de ese estudio cuando Ubiña era concejal de Hacienda.

El episodio central es una instrucción de servicio sobre el planeamiento urbanístico de aplicación. Según el acta del Pleno Municipal de 25 de septiembre de 2014 (expediente 310/2014), el Pleno ratificó la instrucción adoptada previamente por la Junta de Gobierno Local el 19 de agosto de 2014, que determinaba la aplicación del Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano ante la falta de publicación del PGOU. Según la Fiscalía, esa instrucción pretendía dar cobertura legal a construcciones que contravenían el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU); la prensa fechaba la instrucción el 28 de septiembre de 2014, día domingo, fecha que no coincide con el acta municipal. En ese contexto se sitúa la tramitación de una nave industrial para la sociedad Agro Ingeniería Guerrero SL en el polígono 17 (parcelas 165 y 298 según la denuncia; el expediente municipal se tramitó sobre la parcela 168). La licencia de obras se volvió a solicitar el 29 de julio de 2014 y se concedió por Decreto 412, de 30 de septiembre de 2014, pese a que, según la denuncia recogida por la prensa, la parcela contaba con informes desfavorables del arquitecto técnico municipal y del secretario del Ayuntamiento.

La denuncia de la Fiscalía, firmada por la fiscal delegada de Medio Ambiente y Urbanismo, Sara Muñoz-Cobo, y la investigación judicial de ambos ediles se conocieron públicamente el 24 de julio de 2016. La denuncia inicial de un particular se sitúa en 2015: la información periodística la fecha el 1 de junio de 2015 y una nota del Ayuntamiento el 28 de mayo de 2015, discrepancia que no se ha resuelto. El alcalde fue citado a declarar como investigado el 13 de junio de 2017 ante el Juzgado número 1 de Loja. No se ha localizado en fuentes públicas verificables ninguna resolución posterior (sobreseimiento, archivo o sentencia): el rastro público del caso se interrumpe en 2017 y a 1 de octubre de 2026 no se ha localizado un hito procesal posterior contrastable, por lo que el resultado no se ha verificado.

Los dos implicados han negado los hechos. Ubiña sostuvo que no redactó el proyecto y que los informes no eran desfavorables; el Ayuntamiento emitió una nota en julio de 2016 negando las irregularidades y atribuyendo la denuncia a una posible animadversión o persecución política. Ubiña continúa como alcalde (reelegido en 2023); no hay constancia verificable de que Pablo Ariza siga formando parte de la corporación municipal. Los hechos descritos son objeto de investigación, no se ha localizado sentencia ni resolución posterior y rige la presunción de inocencia.