Caso AEXPA - PP

El caso AEXPA destapa una trama de fraude en subvenciones públicas para cursos de formación en Ourense entre los años 2005 y 2015. La investigación policial, iniciada en 2015 tras una denuncia, reveló que Luis Timirao Carrasco, responsable del desaparecido centro de enseñanza San Pablo de Ourense, simuló la creación de una asociación sin ánimo de lucro denominada AEXPA que mantuvo con actividad ficticia durante una década con el único objetivo de obtener subvenciones públicas destinadas a la impartición de cursos de formación. La Tesorería General de la Seguridad Social determinó que esta sociedad nunca tuvo actividad real, siendo su único fin la recepción de ingresos públicos.

Para perpetrar el fraude, los investigados falsificaron actas, firmas y documentación, incluyendo en el funcionamiento de la asociación a personas que desconocían su supuesta participación. El matrimonio formado por Timirao y su esposa, Carmen P.A., funcionaria jefa de sección de la Xunta de Galicia, jugaron un papel clave en la trama: ella se encargaba de compulsar las fotocopias de la documentación fraudulenta prevaliéndose de su cargo en el edificio administrativo de la Xunta, donde disponía de un sello propio y personalizado. Los investigados aportaron facturas falsificadas de adquisición de material didáctico con cantidades desmesuradas que no correspondían con lo efectivamente adquirido, documentos bancarios con transferencias ficticias, facturas de alquiler de locales inexistentes y realizaron contrataciones fraudulentas de alumnos que solo firmaban contratos y nóminas sin acudir a trabajar. Para dificultar el control bancario, abrieron y cerraron numerosas cuentas en distintas entidades.

La operación policial, denominada "Rewin", condujo en abril de 2017 a cinco detenciones y dos investigaciones, entre ellas la del alcalde de Monterrei y jefe de personal de la Diputación de Ourense, José Luis Suárez Martínez, militante del PP, investigado por un presunto delito de cohecho. Las conductas facilitaron el engaño a múltiples administraciones públicas (Xunta de Galicia, Concello de Ourense, Diputación de Ourense y Fondos Europeos), defraudando 506.113,60 euros en subvenciones entre 2005 y 2012, además de 96.000 euros a la Seguridad Social. El caso pone de manifiesto las conexiones entre la trama fraudulenta y cargos públicos del PP en instituciones gallegas.