Acuamed - PP

El caso Acuamed, conocido como Operación Frontino, destapó una trama de corrupción en la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas SA (Acuamed), dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, que manipuló la adjudicación de contratos públicos para obras hidráulicas y medioambientales en la cuenca mediterránea. La investigación reveló que el director general de Acuamed, Arcadio Mateo del Puerto, junto con su equipo directivo, orquestó un sistema de comisiones ilegales y sobornos para amañar las adjudicaciones de contratos de construcción de embalses, plantas desaladoras y otras infraestructuras hídricas, aceptando incrementos de hasta el 10% sobre los costes iniciales de los proyectos.

La trama funcionaba mediante acuerdos fraudulentos entre altos cargos de Acuamed y ejecutivos de grandes constructoras como FCC, Acciona Infraestructuras y Pipeline. Los directivos de Acuamed recibían dádivas en forma de viajes dentro y fuera de España, regalos de lujo, dinero en efectivo y otros beneficios personales a cambio de adjudicar irregularmente contratos públicos, falsificar certificaciones y liquidaciones de obras para incrementar significativamente los importes recibidos por las contratistas. Entre los casos documentados, se descubrió que Arcadio Mateo llegó a aceptar un implante capilar en Turquía valorado en 4.500 euros. La Guardia Civil incautó en su domicilio 120.000 euros en billetes de 500 euros que presuntamente procedían de sobornos. El caso también implica políticamente al exministro de Agricultura Miguel Arias Cañete, mencionado repetidamente en las diligencias judiciales como conocedor de las irregularidades.

El caso salió a la luz en enero de 2016 cuando la Guardia Civil ejecutó la Operación Frontino, arrestando a 13 personas, incluido el director general y otros altos cargos de Acuamed. El juez Eloy Velasco envió a prisión incondicional a cinco de los detenidos por delitos de organización criminal, prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental. En abril de 2023, el juez Manuel García Castellón procesó a 42 personas tras años de instrucción. El daño estimado a las arcas públicas supera los 20 millones de euros. El caso continúa en fase de instrucción en la Audiencia Nacional, con la mayoría de recursos de los procesados siendo desestimados por considerarse que existen indicios sólidos para ser juzgados por amaños de contratos públicos entre 2012 y 2015.