Caso Aceinsa II - PP

El Caso Aceinsa II se refiere a la adjudicación irregular del contrato de alumbrado público del Ayuntamiento de Salamanca a la empresa Aceinsa en julio de 2012, por un valor de 12 millones de euros. A pesar de que todos los informes técnicos municipales desaconsejaban la adjudicación, el concejal de Fomento Carlos García Carbayo consiguió un informe técnico favorable que permitió al equipo de gobierno del PP, presidido por el alcalde Alfonso Fernández Mañueco (actual presidente de la Junta de Castilla y León), anular la decisión de la mesa de contratación que había adjudicado el contrato a la empresa Etralux y entregárselo a Aceinsa.

La empresa Aceinsa presentó ofertas con bajas temerarias del 12-22% por debajo de los parámetros estándar del mercado. Los técnicos municipales advirtieron desde el principio que el servicio sería deficitario a esos precios, lo cual no es legal según la normativa de contratación pública. La mesa de contratación inicialmente adjudicó el contrato a Etralux, pero el concejal García Carbayo obtuvo un dictamen técnico contrario y la Junta de Gobierno, controlada exclusivamente por el PP, revocó la decisión del órgano técnico competente para favorecer a Aceinsa.

En diciembre de 2017, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló el contrato por detectar "trato de favor" a Aceinsa. La empresa perjudicada, Etralux, había llevado el caso a los tribunales considerando que la adjudicación podría estar amañada. El 15 de junio de 2019, el Tribunal Supremo confirmó la anulación, rechazando el recurso del Ayuntamiento de Salamanca y obligando a las arcas municipales a indemnizar a Etralux con 700.000 euros, equivalente al 6% del valor total del contrato.

Paralelamente, el partido político Ganemos Salamanca presentó querellas penales por prevaricación y malversación de fondos públicos contra el alcalde Alfonso Fernández Mañueco, los concejales Carlos García Carbayo y Fernando Rodríguez, y el jefe de la Policía Local José Manuel Fernández Martín. Sin embargo, el Juzgado de Instrucción nº 11 de Salamanca archivó la causa penal en octubre de 2018 al considerar que no existían indicios suficientes de la comisión de delitos, aunque los tribunales administrativos sí reconocieron la irregularidad en la adjudicación del contrato.