Caso Aceinsa - PP

El caso Aceinsa es un escándalo de presunta corrupción municipal en Salamanca que involucra al entonces alcalde Alfonso Fernández Mañueco (PP) y a miembros de su equipo de gobierno por la adjudicación y prórroga irregular de contratos municipales a la empresa Aceinsa. La relación de la empresa con el Ayuntamiento comenzó en 2010, cuando Mañueco era aún candidato del PP a la alcaldía, con un contrato menor para el control de accesos en aparcamientos. En 2011, Aceinsa obtuvo el contrato de señalización horizontal y vertical de vías públicas por un millón de euros anuales, y en 2012 el contrato de mantenimiento del alumbrado público por 12 millones de euros, ambos con criterios de adjudicación que la plataforma ciudadana Ganemos Salamanca consideró amañados desde el principio.

El contrato de señalización venció en mayo de 2015 pero el Ayuntamiento continuó pagando a Aceinsa sin renovar formalmente el contrato, en una situación ilegal que se prolongó durante años a pesar de las advertencias de la Intervención municipal. Según los cálculos de Ganemos, esta prórroga ilegal supuso un perjuicio al erario público de al menos 820.654 euros, ya que en la nueva licitación del contrato en 2018 se obtuvo una baja del 27,28%, muy superior al 10% que Aceinsa había ofertado años antes. Por su parte, el contrato de alumbrado público fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León al detectar un trato de favor hacia Aceinsa en contra de los informes técnicos municipales y del resultado del órgano de contratación, que inicialmente había adjudicado el contrato a la empresa competidora Etralux. El Tribunal Supremo rechazó el recurso del Ayuntamiento, obligando al municipio a pagar una indemnización de 700.000 euros a Etralux.

El 23 de diciembre de 2017, Ganemos Salamanca presentó denuncia ante los juzgados contra el alcalde Mañueco, los concejales Carlos García Carbayo y Fernando Rodríguez, y el jefe de la Policía Local José Manuel Fernández, por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. La denuncia fue admitida a trámite en febrero de 2018 y amplida en abril del mismo año para incluir el contrato de alumbrado. El Juzgado de Instrucción número 11 de Salamanca acordó el sobreseimiento y archivo de las diligencias el 16 de octubre de 2018, al no apreciar indicios suficientes de delito, aunque el juez reconoció que la gestión municipal había sido "manifiestamente mejorable". Ganemos anunció recurso contra el archivo. La investigación judicial también se vio limitada por la reforma del Código Penal impulsada por el propio Gobierno del PP, que redujo los plazos de prescripción de los delitos de corrupción local.