Caso Abogados Melilla - PP

El Caso Abogados Melilla destapó un sistema irregular de contratación de letrados externos en la Ciudad Autónoma de Melilla entre 2003 y 2013. La consejera de Bienestar Social del PP, María Antonia Garbín, y otros 13 funcionarios y abogados fueron acusados de prevaricación administrativa por contratar a cuatro letrados de manera directa, sin cumplir las previsiones legales de contratación pública. Los contratos se fraccionaban en periodos de entre cuatro y seis meses para evitar procedimientos de licitación pública, llegando a firmar 91 contratos menores con los mismos abogados.

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, también fue investigado por el Tribunal Supremo por contratar sin concurso y al margen de todo procedimiento administrativo a un letrado externo al que pagó 357.000 euros con fondos públicos. La investigación reveló que la decisión fue adoptada de manera directa por el propio Imbroda en 2001, sin observar ninguno de los requisitos exigidos por la Ley de Contratos de la Administración pública.

El Juzgado de lo Penal número 1 de Melilla condenó en octubre de 2017 a María Antonia Garbín a diez años de inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier cargo público, al considerarla autora de un delito continuado de prevaricación administrativa. La sentencia fue posteriormente ratificada por la Audiencia Provincial de Málaga. Otros 13 implicados recibieron penas de entre cinco y nueve años de inhabilitación. El caso evidenció un patrón sistemático de contratación irregular que se prolongó durante una década, con un coste estimado superior a 1,1 millones de euros.